Desde hace más de un siglo que la actividad minera funciona en Argentina y es que en 1904, con la creación de la División de Minas, Geología e Hidrología comenzaron a organizarse trabajos sistemáticos de perforaciones, geología y exploración de recursos minerales, aguas, carbón e hidrocarburos.
Sin embargo, ya en 1885 se había creado una Sección Minas dentro del Departamento de Obras Públicas del Ministerio del Interior para realizar estudios geológicos, mineros e hidrológicos.
Más cerca en el tiempo, durante el primer gobierno del expresidente Carlos Menem, más específicamente entre los años 1993 y 1995, se impulsaron leyes, modificaciones y normativas que promovieron el establecimiento de grandes empresas mineras transnacionales en nuestro país, sobre todo en provincias andinas como Catamarca, San Juan, Mendoza y Santa Cruz.
Según el informe del 2019 sobre el Aporte Económico de la Minería en Argentina realizado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), existen cerca de 724 empresas mineras en el territorio argentino, siendo la mayor parte Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs). “Del total, 680 empresas corresponden al segmento minas y cantera, 41 al sector metalífero y 3 al de combustibles sólidos”, indica el documento.
En cuanto a los valores brutos de producción minera, según el INDEC, en 2019 alcanzaron los $192.133 millones de pesos corrientes. “Del total, los minerales metalíferos representaron el 60,3%, rocas de aplicación, el 16,8%, los minerales no metalíferos el 21,5% y el resto de los minerales el 1,4%”, señala el informe. Además, el PBI minero sufrió un gran crecimiento del 35% respecto del 2018.
Respecto a la megaminería, es preciso mencionar que este término no se utiliza técnicamente, así lo explica Marcelo Sticco, geólogo y profesor de la Universidad Católica Argentina (UCA): “No es un nombre técnico. Sea como geólogo o profesor de ingenieros, lo primero que enseñamos es que no existe esa palabra técnicamente, pero es una terminología aceptada por la sociedad civil”, asegura.
Tal como señala Sticco, este concepto no se utiliza de manera académica, pero sí es aceptado por la sociedad y hace referencia a una forma actual de minería a gran escala que implica la explotación por parte de empresas multinacionales que ocupan grandes territorios. Entre las características de esta actividad está el uso de toneladas de sustancias contaminantes, grandes necesidades energéticas, la utilización de grandes volúmenes de agua y una gran ocupación territorial.
Sin embargo, hasta ahora no mencionamos para qué sirve la minería. Según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, esta actividad aprovecha la obtención selectiva de minerales de la corteza terrestre para usarlos en nuestra vida diaria. Los minerales conseguidos son utilizados para la construcción de edificios, casas, calles, autopistas, autos y hasta celulares. Para hacer un auto se necesitan más de 10 minerales y para un celular son necesarios hasta 18 diferentes minerales.
Una de las preocupaciones de quienes exigen que esta actividad se termine es la poca regulación en materia ambiental. Si bien, para comenzar la exploración se necesita una autorización otorgada por el gobierno una vez presentado el informe de impacto ambiental, existen ciertas irregularidades. Así lo explican Leandro y Laura, coordinadores de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN): “Las autoridades que van a evaluar los informes generalmente son las mismas autoridades encargadas de promover la actividad minera. La que toma la decisión es la propia autoridad minera que promueve la actividad”.
Si bien las autoridades intentan llegar a un consenso con las comunidades de los lugares donde se instalan las grandes empresas, no siempre logran que todos estén de acuerdo con que se lleve a cabo la minería en ese territorio. Hablamos con Carolina Suffich, docente y activista en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Famatina, quien advirtió sobre la falta de regulación que tiene la actividad
“El gobierno de la provincia de La Rioja sólo hablaba de la minería como el progreso, pero nosotros tratábamos de buscar la otra contracara: el uso del agua, la alteración del hábitat, los diques de cola, los procesos de lixiviación, la contaminación de todo, la contaminación social que dividían a las comunidades en pos de darle trabajo”, contó Suffich.
Famatina es uno de los casos más conocidos, pero los principales conflictos socioambientales se dan en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. “La sociedad se dividió en dos, quedó muy marcado el pro minero y el anti minero”, reflexiona Carolina sobre la tensión social que genera la minería. Sin embargo, para Martín Dedeu, expresidente de la CAEM, no hay margen de discusión porque “la minería es algo inevitable, existente y que hace a la civilización, es imposible imaginarse al mundo moderno sin minería”.
